Resolución sobre : privatización y comercialización en y de la educación

El 7º Congreso de la Internacional de la Educación en Ottawa, Canadá, del 22 al 26 de julio de 2015:

 

1. Reafirmando que la educación, desde la primera infancia hasta la educación superior, es un derechos humano fundamental y un bien público, y que su provisión es responsabilidad primordial de los gobiernos, incluyendo los deberes del Estado de definir las metas y los objetivos de unos sistemas educativos de calidad y financiarlos adecuadamente mediante consulta y negociación con los representantes de los sindicatos de docentes.

 

2. Constatando que la privatización en y de la educación, en sus múltiples formas y arreglos, es una tendencia mundial en rápido aumento con consecuencias diversas, a menudo negativas, para los docentes, el personal de apoyo educativo, los estudiantes y la sociedad en su conjunto;

 

3. Constatando con preocupación la cada vez mayor implicación y promoción de actores privados en la gobernanza de la educación (aportación, financiación, gestión y elaboración de políticas), a lo que se suman importantes desafíos en términos de acceso a la educación, equidad y calidad, y la falta de compromiso político respecto a la aportación y financiación de sistemas educativos públicos en muchos países de ingresos bajos y medios;

 

4. Deplorando el hecho de que, en numerosos países, los gobiernos hayan abrogado su responsabilidad esencial de garantizar el derecho a la educación para todos/as a través de un sistema de educación público de calidad, gratuito y plenamente responsable, y cada vez con mayor frecuencia recurren, se asocian con, o subsidian a actores del sector privado para el suministro de la educación;

 

5. Lamentando que organizaciones nacionales e internacionales, corporaciones, think tanks, ONG, otros actores privados y gobiernos, al igual que otros actores, estén promoviendo, haciendo proselitismo e introduciendo diferentes formas de privatización y comercialización de los servicios educativos;

 

6. Observando que la privatización y comercialización de la educación ha creado o exacerbado desigualdades en cuanto al acceso y la calidad de la educación, particularmente para los socio-económicamente desfavorecidos; y que las desigualdades de riqueza, de género, étnicas y geográficas, entre otras, se profundizan con la privatización en y de la educación, marginando y excluyendo aún más a determinados grupos en cuanto a su acceso a y participación en la educación;

 

7. Observando que las reformas basadas en el mercado podrían obligar a las escuelas a competir entre sí en lugar de colaborar, y derivar en una estratificación, segregación y mayor desigualdad dentro de los sistemas educativos;

 

8. Considerando que los establecimientos escolares privados y algunas formas de Asociaciones Público- Privadas podrían desviar fondos y apoyo de la escuela pública, debilitando así los sistemas escolares públicos, particularmente en contextos donde el gobierno invierte ya poco en educación;

 

9. Reconociendo que las medidas de rentabilidad económica en la educación pueden dar como resultado clases más numerosas, una reducción de los servicios aportados a los alumnos, el empleo de docentes no cualificados, la informalización los términos y las condiciones de empleo del personal educativo, lo que redunda en detrimento de la calidad de los servicios educativos;

 

10. Constatando que las escuelas privadas de bajo coste y otros proveedores privados, así como algunas formas de Asociaciones Público-Privadas, muchas veces emplean personal que carece de la formación y/o las cualificaciones necesarias, o pagan a los docentes salarios considerablemente inferiores a los que reciben aquellos empleados en las escuelas públicas, o les deniegan sus derechos a la libertad sindical y la negociación colectiva;

 

11. Observando que nuevos métodos de gestión pública, como los sistemas de remuneración según el rendimiento, que a menudo forman parte de las políticas de privatización, alteran las condiciones de trabajo del personal educativo y socavan su status profesional y sus derechos;

 

12. Afirmando que los derechos de los docentes y de los trabajadores/as de la educación superior a unas condiciones de trabajo decente, condiciones de contratación y empleo justas, y desarrollo profesional de calidad, han de estar garantizados;

 

13. Observando que las prácticas de administración pública, comercialización y privatización ya están bien establecidas, tanto a nivel nacional como internacional en muchas partes del sector de la educación terciaria y superior mediante intensas prácticas comerciales internacionales, la subvención de los agentes privados y una intensa competencia para los estudiantes de pago. Que han tenido consecuencias negativas bien reconocidas para el acceso, la equidad social, las condiciones de trabajo del personal, la libertad académica y la toma de decisiones colegiada.

 

14. Afirmando que los sindicatos de la educación, en tanto que representantes de los trabajadores de la educación, tienen una importancia crítica asegurándose de que se expongan y aborden los efectos potencialmente negativos de la privatización y comercialización en y de la educación;

 

15. Haciendo referencia al Documento de Política Educativa de la IE, adoptado por el 6º Congreso Mundial en 2011, y el Protocolo sobre las Asociaciones Multi-actores en la Educación, basado en las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la IE sobre las Asociaciones Público-Privadas en la Educación, adoptado por la 34ª reunión del Consejo Ejecutivo de la IE en 2009;

 

16. El Séptimo Congreso Mundial:

a. Urge a los gobiernos a reconocer la educación como un elemento fundamental para la justicia y el desarrollo social, y por tanto a proteger el sector público de la educación frente a la privatización y comercialización;

b. Reclama un esfuerzo concertado por parte de la IE y sus organizaciones miembros para defender la plena realización del derecho a una educación pública de calidad y gratuita, y de unos derechos de empleo equitativos para el personal educativo tanto en el sector privado como en el público;

c. Solicita a las organizaciones miembros de la IE que sigan de cerca las políticas de privatización de la educación emergentes y los efectos de la privatización y comercialización de los sistemas educativos, así como su impacto sobre los estudiantes, docentes, educadores y personal de apoyo educativo, y a manifestarse y movilizarse contra cualquier intento de privatizar y comercializar la educación pública;

d. Exhorta a las organizaciones miembros de la IE de conformidad con sus estatutos y su reglamento interno a organizar y defender los derechos de los docentes y el personal de apoyo educativo tanto en el sector público como en el privado.

 

17. Encomienda al Consejo Ejecutivo de la IE:

a. Recopilar, publicar y distribuir, con el apoyo de las organizaciones miembros, evidencia de las actividades de los actores privados en la promoción e implementación de políticas y prácticas de privatización y comercialización, así como los resultados de dichas actividades;

b. Desarrollar una estrategia de respuesta global para asegurarse de que los gobiernos cumplan con su obligación de proveer una educación pública gratuita y de calidad, y contrarrestar la influencia de los actores privados en la educación, especialmente cuando sus actividades en la educación tengan un impacto negativo respecto al acceso y exacerben las desigualdades en los sistemas educativos;

c. Lanzar una campaña mundial que implique a las afiliadas de la IE y sus aliados, en respuesta a la creciente subcontratación a actores privados y su implicación en actividades y servicios relacionados con la educación, que tuvieran un impacto negativo sobre la enseñanza y el aprendizaje;

d. Proporcionar herramientas y recursos que refuercen la capacidad de las afiliadas para movilizar campañas efectivas destinadas a lograr que los responsables políticos, las organizaciones internacionales y otros actores sean plenamente conscientes de las consecuencias negativas que tienen las distintas formas de privatización de la educación; y defender la protección de la educación pública frente a la comercialización y mercantilización;

e. Establecer un Grupo de Trabajo de la IE sobre Privatización y Comercialización de la Educación incluyendo un representante del sector de la educación terciaria y superior encargado de orientar, informar y supervisar este trabajo, y seguir desarrollando la política de la IE sobre privatización y comercialización de la educación;

f. Alentar a todas las organizaciones miembros de la IE a movilizar a sus miembros y aliados en la comunidad y la sociedad civil, participando en una campaña pro-activa de defensa de la educación pública y contra los intentos de privatizar y comercializar la educación.

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