Resolución sobre : participación comunitaria

1. RECONOCIENDO que, en tanto que educadores y personal de apoyo educativo, nuestros intereses se centran en la educación de financiación pública que se encuentran arraigadas en nuestras comunidades y que proporcionan a todos los niños/as una rica experiencia académica y de desarrollo de la trayectoria escolar; y

 

2. SABIENDO que la sociedad sale beneficiada cuando existen escuelas en las que los actores dentro y fuera de las aulas participan en la toma de decisiones y en la formulación de políticas a todos los niveles; y que, cuando las escuelas forman parte de la comunidad, los estudiantes se sienten seguros, incluidos, apoyados y fortalecidos; y

 

3. RECONOCIENDO que nuestras comunidades no van a seguir apoyando un mundo en el que algunos estudiantes disfrutan de los docentes más experimentados y mejor formados, de tecnologías avanzadas y de instalaciones nuevas, mientras que otros estudiantes son educados en aulas abarrotadas, por docentes que carecen de la tecnología y el apoyo básico que necesitan para desempeñar su trabajo; y

 

4. OBSERVANDO que nuestras comunidades han podido comprobar que a lo largo de los últimos años los intereses corporativos han estado tratando de desmantelar la educación de financiación pública y crear un nuevo sistema basado en el mercado, utilizando estrategias diseñadas para separar a las escuelas de las comunidades, entre ellas la promoción de las pruebas estandarizadas, ataques a los derechos a la negociación colectiva de los educadores y empleados de las escuelas, y clausuras agresivas para abrir camino a las escuelas de gestión privada; y

 

5. ESTIMANDO que las escuelas de financiación pública fuertes crean unas comunidades eficaces, puesto que nuestras escuelas pueden ser tanto instituciones locales como centros de aprendizaje; y que estas “escuelas comunitarias” pueden contribuir a la coordinación del apoyo y una amplia gama de servicios que sus estudiantes y familias necesitan, como por ejemplo unas asistencia sanitaria básica, asesoramiento psicológico y programas de orientación, entre otros, para contribuir a fortalecer comunidades enteras así como estudiantes individuales; y

 

6. AFIRMANDO que los docentes deben estar bien formados, ser respetados y recibir el apoyo de su comunidad, y que la comunidad tiene un importante papel que desempeñar en la lucha contra aquellos que demonizan a los educadores y a sus sindicatos en las legislaturas y en los medios de comunicación:

 

El Séptimo Congreso Mundial:

 

7. SOLICITA a las afiliadas reivindicar las escuelas de financiación pública en nombre de los alumnos que son educados en las mismas, de los educadores y el personal que trabajan allí, y de las comunidades que estas consolidan; y

 

8. AFIRMA que nuestras escuelas deberían estar gobernadas mediante tomas de decisiones y aportaciones genuinas por parte de las personas más cercanas al proceso educativo —docentes, personal de apoyo, administradores, alumnos, sus padres y la comunidad; ellos son efectivamente quienes deberían orientar nuestras escuelas, y no los empresarios ni los ejecutivos de empresas; y

 

9. ASEVERA el poder de los docentes y el personal de las escuelas, que trabajan junto con padres de alumnos y asociados de las comunidades para fortalecer la calidad de la educación, participar en un sindicalismo orientado a encontrar soluciones, defender y promover la profesión, fomentar el activismo político de las partes interesadas y crear unas comunidades mejores; y

 

10. ENCOMIENDA a la Internacional de la Educación integrar el proceso de colaboración con la comunidad y las escuelas comunitarias en las actividades de la Red de Sindicalización (Organizing Network, OrgNet) de la IE.

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